Lo dice con claridad el texto del Mandato del Congreso Indígena y Popular: El Estado que debe protegernos nos persigue, busca desmantelar los derechos conquistados a través de siglos de resistencia, niega nuestros derechos fundamentales, actúa en contra de la soberanía del país y del bienestar de sus ciudadanos y a favor de intereses privados y externos, mientras reprime, criminaliza, difama y persigue a nuestras organizaciones, líderes y comuneros.

 

 

  

En esencia el Gobierno no sólo insiste en que no hay un conflicto armado en Colombia, sino que prohíbe que este sea mencionado siquiera por las agencias de cooperación internacional en sus proyectos. De un plumazo pretende imponer que las actividades humanitarias tengan que ver con los grupos armados. Cierra los espacios a los diálogos que se consideran delitos, limita y restringe el uso de términos como "actores del conflicto" y "actores no estatales". En otras palabras y desde nuestra perspectiva como Pueblos Indígenas, vemos que el Gobierno le impone a la cooperación internacional en el lenguaje y en la práctica la negación del país real, el abandono a las iniciativas de paz, el cierre y la invalidación de comunidades y territorios de paz o de iniciativas y procesos autonómicos, como sujetos de cooperación internacional. En fin, que el  Gobierno niega al país.

Acá no sólo no hay conflicto armado, tampoco existimos nosotros, los pueblos y procesos que estamos acá hace más de 500 años perviviendo y promoviendo otro país posible y necesario. No es desafortunada la iniciativa del Gobierno. Es una convocatoria clara para que la cooperación internacional se defina a favor de la paz y del país que no representa el Gobierno. La institucionalidad existente y quienes la orientan no representan, ni respetan, ni reconocen, ni protegen a los pueblos y procesos que hacen este país. Nos niega.

 

Ante esta realidad, se requiere crear una institucionalidad alternativa y hacerla realidad. Esto fue lo que convocó el Congreso Indígena y Popular. Esto quedó plasmado en el análisis y las directrices del Mandato que aclamó ese Congreso. Ante los “lineamientos" del Gobierno queda claro que hay una brecha cada vez más insalvable entre lo legítimo, que vivimos y construimos los pueblos y procesos comprometidos con la paz con justicia social y soberanía, y lo legal que nos impone la guerra, nos niega los derechos y entrega nuestra riqueza, culturas y territorios a intereses privados. Los que somos el país real, hemos sido convocados por el Gobierno Nacional a la desobediencia civil por el bien del país. Ahora también, la Cooperación Internacional tendrá que apoyar esta desobediencia para que podamos los colombianos y colombianas construir el país posible y necesario.

 

Desde el camino de nuestros ancestros y convocando nuestra memoria y experiencia, continuaremos caminando la palabra del Mandato Indígena y Popular y ratificamos la convocatoria al Levantamiento Popular Contra la Guerra y por el Otro País Posible y Necesario, desde ahora y para Octubre de este año. Los pueblos de este país en guerra, sometidos a proyectos de muerte y exterminio, o nos declaramos en resistencia y construimos el otro país, o acaban de imponernos desde arriba y desde fuera, la conquista que comenzó hace más de 500 años.

  

Afortunadamente queda cada vez más claro quiénes somos nosotros y quiénes son ellos. Nosotros, hacemos un llamado a la Cooperación y le agradecemos su compromiso con la vida y con la resistencia.

 

Ver Lineamientos del Gobierno en

http://nasaacin.net/noticias.htm?x=275