Este nueve de agosto se celebró en todo el mundo el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, fecha instaurada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1994, y que en su décimo aniversario, presenta un saldo negativo en relación con el cumplimiento y respeto de los Derechos Humanos de estos pueblos en Colombia.
Para este año, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), desarrolló una rueda de prensa precedida por su director, Michael Frühling, el presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Luis Évelis Andrade, el representante ante el Foro Permanente de los Pueblos Indígenas de la ONU, Antonio Jacanamijoy, y la señora María José de Oliveira, representante de la FAO en el país. El señor Frühling señaló que desde hace ya 7 años, cuando se instaló esta Oficina en Colombia, se ha observado sistemáticamente las difíciles condiciones en que se desarrolla la vida de las comunidades indígenas en el territorio nacional. “Esas comunidades están afrontando una situación adversa en la cual se combinan el desconocimiento reiterado de sus derechos económicos, sociales y culturales con múltiples y frecuentes agresiones a sus derechos civiles y políticos. A ello debe agregarse que, dentro de las zonas del territorio nacional donde se está padeciendo con mayor intensidad el enfrentamiento bélico, la población indígena sigue expuesta a una intensa victimización por parte de las partes en el conflicto armado interno (...) El conflicto armado contribuyó a agravar la situación de las comunidades indígenas y afrocolombianas. Se registró un incremento de la violencia selectiva en contra de las autoridades tradicionales y líderes, con homicidios, amenazas de muerte y desplazamientos forzados, así como un mayor confinamiento de las comunidades por parte de los grupos armados ilegales. Éstos afectaron el derecho a la autonomía de las comunidades, debilitando su organización interna y la representatividad de sus autoridades. Más de 100 miembros y autoridades indígenas fueron víctimas de homicidios, 50 de ellos en contra de autoridades políticas y espirituales del pueblo kankuamo (Sierra Nevada de Santa Marta), atribuidos mayoritariamente a las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. En ocasiones, se cuestionó la ausencia de acciones efectivas por parte de la Fuerza Pública para proteger estas comunidades, así como la estigmatización.” De igual forma manifestó su preocupación por la vulnerabilidad de los líderes tradicionales y cabildos gobernadores de estas poblaciones, en especial por los asesinatos sistemáticos -en menos de tres años- de por lo menos cien líderes Kankuamos, a cuya lista se suma el nombre del recién asesinado Fredy Arias, líder comunitario muerto en la ciudad de Valledupar el pasado martes 3 de agosto, a manos de paramilitares. Por su parte, Luis Evelis Andrade, presidente de la ONIC, manifestó que: “pese a que nuestros derechos están plasmados en la Constitución Política de 1991, y en el marco del Decenio de los Pueblos Indígenas invocado por la ONU, además de todo el respaldo y reconocimiento internacional, hoy hay más muertos, más señalamientos, más estrategias de guerra y megaproyectos contra nosotros, y más desarraigo”. Así mismo se hizo mención al desaparecido líder Embera Katio, Kimi Pernia Domicó, hecho ocurrido en el año 2001, a manos de miembros de las Autodefensas (AUC), quienes en la actualidad sostienen diálogos de paz con el gobierno nacional en Santafe de Ralito, departamento de Córdoba. Con respecto al desplazamiento forzado, la Oficina consideró preocupante la actual situación de desarraigo en estas comunidades. En especial por lo relacionado con el desplazamiento sistemático de los pueblos Wiwa, Embera, Wayuu, Embera Chamí y los Awa, entre otros. “Las mujeres y los niños han sufrido las peores consecuencias de estos desplazamientos”, ratificó. De estas forma, la Oficina del Alto Comisionado instó una vez más al Estado y los organismos gubernamentales encargados de velar por el cumplimiento de los Derecho Humanos en el país, a que tomen acciones urgentes y concretas de protección para los 84 pueblos nativos existentes en nuestro territorio, muchos de los cuales se encuentran en peligro de extinción como lo señalan las Medidas Cautelares emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, y el pueblo Embera Chamí. Así mismo, se dirigió y recordó a los grupos armados ilegales, y a la Fuerza Pública, que la población civil es protegida por el derecho internacional humanitario. “Los asesinatos de civiles y el desplazamiento forzado no sólo están prohibidos sino que constituyen graves infracciones que pueden llegar a ser consideras como crímenes de lesa humanidad”. En el planeta, las poblaciones nativas suman unos 350 millones de personas repartidas en más de 70 países del mundo y representan más de 5.000 lenguas y culturas. En Colombia, estas comunidades abarcan los 32 departamentos del país, distribuidos en 535 resguardos, pero tiene una presencia mayor en el oriente del Cauca, la península de la Guajira, la Amazonía, la Orinoquia y la región del Pacífico. Para el Departamento Nacional Planeación (DNP), las comunidades indígenas tienen derechos territoriales reconocidos sobre 279.487 Kilómetros cuadrados, es decir, 24.5% del territorio nacional. Según DNP, Los departamentos con mayor población indígena relativa, es decir, comparando la población indígena respecto al total departamental, son en su orden: Vaupés, cuya población amerindia representa el 74f.6% del total departamental; Guainía, con el 41% de población indígena; la Guajira, 32.7%, Amazonas, 31.5%, Vichada, 26.9%, y Cauca con el 13.5%. Los territorios indígenas en el país coinciden, en parte, con las zonas de grandes proyectos de infraestructura, con gran biodiversidad, con riquezas del subsuelo, con cultivos ilícitos y con la lucha armada. En los últimos diez años ha crecido cada vez más la guerra en el territorio de estas comunidades, ligada a la pugna por el control de los recursos naturales o del territorio. Para la UNESCO, estas poblaciones en el mundo se encuentran en permanente estado de marginación y privados de los derechos humanos básicos, particularmente de los derechos culturales, sociales, políticos y económicos El Decenio Internacional de las poblaciones indígenas del mundo (1995-2004), concluye con avances en ciertos campos de los derechos humanos, pero aún quedan muchos retos para alcanzar una mejora sustancial para las poblaciones indígenas. “En el contexto colombiano sería aconsejable que el Estado dé una observancia más coherente a las obligaciones de orden internacional y constitucional requeridos para que los miembros de los pueblos indígenas puedan gozar plenamente sus derechos” concluyó Michael Frühling.
