Unos veinte indígenas Kankuamos realizan la danza del Chicote alrededor del féretro que de manera simbólica contiene los restos del líder indígena Freddy Arias Arias, la víctima 221 de este pueblo desde que se inició la cadena de asesinatos contra los Kankuamos en 1986, con la muerte del líder Edilberto Montero, de presunta autoría de las FARC.
El Chicote es una danza que hacen los Kankuamos a modo de rito, pagamento en su caso, para recibir o despedir a uno de sus hermanos. También para darle las gracias a la madre tierra por concederles la vida, el alimento, la salud, ... por permitirles conectarse con su propio entorno, desde su más profunda espiritualidad. En el acto de despedida de Fredy Arias marcharon más de 300 personas, entre las cuales se encontraban cincuenta de los ciento ochenta indígenas Kankuamos desplazados a Bogotá por la violencia política desatada en sus territorios. “Fredy Arias contaba con 32 años, dejó una hija de 3 años y era miembro de una familia de siete hermanos. Su muerte se presenta 3 años después que los paramilitares asesinaron a su padre, Salomón Arias el 4 de agosto de 2001, una autoridad tradicional del pueblo Kankuamo y una especie de políglota de los pueblos de la Sierra, pues hablaba las lenguas Arahuaca, Arsaria (Wiwa) y Kogui y estaba comprometido en la recuperación de la lengua Kankuama”, dice Imer Villazón, uno de los voceros Kankuamos en Bogotá. Agrega que Fredy fue cofundador del proceso de reconstrucción cultural del pueblo Kankuamo iniciado en 1992 y era el vocero de los Kankuamos y de la ONIC en la Mesa de Concertación Nacional de Paz creada por el gobierno. En medio del dolor por la muerte de otro hermano, Imer reflexiona sobre la eficacia de los instrumentos internacionales en Colombia, pues desde que fueron amparados con medidas cautelares han sido asesinados quince líderes de la comunidad y el asesinato de Fredy se produce unos días después que la Corte Interamericana de Derechos Humanos decretara medidas provisionales a favor de su etnia. ¿Cómo medir la eficacia de un instrumento –se pregunta-, si en lo corrido de este año nos han asesinado catorce hermanos?. La falta de resultados en las investigaciones son reseñadas en un documento del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que dice: “a pesar de la ocurrencia de 221 asesinatos desde 1986 (.....) sólo existen en estricto sentido 6 investigaciones penales, ya que de los 111 casos radicados reportados por la Fiscalía General de la nación, los 105 restantes se encuentran archivados, suspendidos o en etapa previa. Igualmente, los asesinatos de los indígenas Juan Enenias Daza Carrillo y Ever de Jesús Montero Mindiola, cometidos por miembros del Batallón de Artillería No. 2 << La Popa>>, son investigados por la Jurisdicción Penal Militar, la cual no reviste los estándares de independencia e imparcialidad exigidos por los instrumentos internacionales de derechos humanos”. Las reflexiones del indígena Kankuamo y el señalamiento del Colectivo de Abogados nos colocan frente a tres escenarios: 1) la capacidad del estado para garantizar la protección de los Kankuamos y cumplir con las obligaciones impuestas por los organismos internacionales, 2) la incapacidad para aplicar justicia frente a la multiplicidad de violaciones y 3) las causas del genocidio contra este pueblo. Es evidente que ningún Estado puede garantizar la seguridad individual de cada uno de sus ciudadanos. En el caso de los Kankuamos tampoco se ha pedido que se le coloque seguridad personal a cada uno de sus miembros, entre otras razones porque el número de integrantes de esta etnia también es motivo de contradicción; mientras las autoridades kankuamas aseguran que son alrededor de doce mil y otras fuentes los calculan en cinco mil, las proyecciones del Departamento Nacional de Planeación indican que son tres mil 802 personas. La orden de la Corte Interamericana está dirigida a la implementación de las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad de sus miembros. Esta orden hay que entenderla en sus componentes de mayor vulnerabilidad y la constante espiral de violencia que se ha dirigido principalmente contra los líderes de las comunidades. En ese sentido, las acciones del gobierno se han quedado cortas frente a la magnitud del conflicto, pues no de otra manera puede interpretarse el asesinato de Fredy Arias, casi bajo sus barbas, después que se reuniera con algunos funcionarios para revisar su esquema de seguridad. El gobierno es responsable de la seguridad de las autoridades tradicionales y líderes de esta comunidad, y Fredy Arias era uno de ellos. De otra parte, la posición enérgica del gobierno frente al secuestro del Senador Genecco no se vio reflejada en la horrenda masacre perpetrada contra los Wayuú, mucho menos en el caso de los asesinatos de los líderes Kankuamos atribuidos a los mismos actores, paramilitares, que hoy están en la mesa de diálogo con el gobierno. Es necesario entonces que el gobierno del Presidente Uribe asuma una actitud enérgica contra ellos y condicione el proceso de negociación a que detengan este genocidio, tal y como lo acaba de hacer con las autodefensas del Meta y Casanare. Pero también el Señor Caramagna y su equipo de la OEA deben ser garantes del cumplimiento de los compromisos asumidos por los paramilitares, máxime cuando están arremetiendo contra un pueblo que ha esgrimido todas sus armas en la recuperación de su cultura. Frente al tema de la impunidad reinante, nos sumamos al llamado al poder judicial para que adelante “procesos expeditos, independientes e imparciales, que permitan establecer la verdad sobre los hechos; que permitan investigar, judicializar y sancionar a los responsables, así como reparar integralmente a los familiares de las víctimas”. Cabe preguntarse, ¿cuáles son las causas para el desarrollo de esta política de exterminio contra los Kankuamos?. Son muchas las razones que pueden aducirse para interpretar este baño de sangre. Desde las posturas ingenuas que explican las acciones como el resultado de relaciones de los miembros de las comunidades con uno y otro actor, y su desconocimiento como grupo étnico, hasta aquellas que relacionan esta violencia con las disputas entre los actores armados por el control y manejo de la Sierra. Y que papel cumplen los Kankuamos en este propósito? Las causas fundamentales de la violencia desatada contra las comunidades de la Sierra encuentran explicación, de una parte, en la inmensidad de recursos hídricos, en la biodiversidad, las minas de mármol, uranio y carbón, en los yacimientos de petróleo entre muchas otras riquezas que posee este territorio. De otra, en la disputa territorial desatada por los diferentes actores para hacerse a su control. De manera reiterada, los indígenas han asociado la permanente violación de sus derechos a la implementación de megaproyectos como “la carretera variante de los contenedores (que une el Urabá antioqueño, la llanura del Caribe con Venezuela y otros puntos); la Represa Multipropósito los Bezotes sobre el Río Guatapurí financiada por el gobierno de China con la aprobación del gobierno nacional, el cual proyecta la construcción de un sistema de distrito de riegos, la construcción de un acueducto regional para el Cesar y Guajira y la construcción de una hidroeléctrica; y la Represa sobre el Río Ranchería en Territorio Wiwa. Para el desarrollo de estos proyectos es necesario “despejar” el territorio de acceso y éste es justamente el territorio Kankuamo. Desde diferentes ángulos e intereses, todos los actores del conflicto encuentran en el pueblo Kankuamo un talón de Aquiles para sus propósitos y por ello la política de exterminio contra esta etnia compromete a todos. Desde esta perspectiva, el Estado tiene una inmensa responsabilidad en la protección de este pueblo y el cumplimiento del mandato de la Corte Interamericana. Pero más que una obligación del gobierno con un organismo internacional, debiera ser esta la oportunidad para potenciar su proceso de reconstrucción cultural, proteger la integridad de sus miembros asediados por guerrillas y paramilitares, para permitirnos a los colombianos ver a una comunidad danzando el Chicote, dándole la bienvenida a la recuperación de una cultura, la propia.
*Director Fundación Hemera
