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"Es necesario implementar procesos deliberativos en los que el Gobierno debe estar abierto a escuchar y entender a las comunidades (a través de sus gobiernos locales) y también a aceptar sus decisiones y velar por su implementación".

Por Natalia Osorio Restrepo

Durante los últimos años el Gobierno ha visto como las cortes han declarado la nulidad o inconstitucionalidad de normas que eran fundamentales para la implementación de la política minera por diferentes razones, entre las que se destaca haberse saltado la consulta previa con las comunidades indígenas y afrocolombianas para la expedición del código o sobrepasar sus facultades al expedir decretos relacionados con el tema.

Estas decisiones por supuesto han impactado la política minera del país. Pero a pesar que la Corte y el Consejo de Estado han fijado un camino claro, que se traduce en: 1. Participación ciudadana oportuna, es decir, antes de que la decisión esté tomada y en fase de implementación y 2. Respeto a las entidades territoriales locales, reconociendo sus competencias y aplicando los principios de coordinación, subsidiariedad y concurrencia a la hora de decidir si se concede o no la explotación de un recurso natural minero,  el gobierno no ha asumido una actitud propositiva y se ha enfrascado en el debate sobre la seguridad jurídica.

Por supuesto, estos cambios jurisprudenciales generan un reto para la implementación de una política que ya no puede ser dictada arbitrariamente desde Bogotá sino que debe ser concertada con las regiones. Pero la lentitud del gobierno nacional en tomar medidas correctivas que acepten esta realidad (que no es nueva pues los preceptos en que se fundamentan están en la Constitución desde 1991) y sobretodo que acepten que en algunos o muchos municipios sus comunidades decidirán que su vocación económica y ecológica no es la minería, es lo que genera aún más inseguridad jurídica.

Colombia tiene que ser un país más coherente, no es posible tener una política minera que va en una dirección y al mismo tiempo asumir compromisos internacionales para profundizar los procesos de descentralización y autonomía territorial, incentivar la participación ciudadana y lo más importante, en materia ambiental orientados a generar un desarrollo local sostenible que van en otra dirección.

Es necesario armonizar estas políticas. Pero armonizar no es creer que los procesos de participación ciudadana son simplemente campañas de promoción para convencer a los habitantes de los beneficios de la minería. 

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