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La violencia de los grupos armados ilegales post-desmovilizados contra la población civil de La Guajira se hace cada día más evidente, tal y como recoge un nuevo informe de seguimiento del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo. Las minorías étnicas y religiosas son las más afectadas.

¿Qué está pasando con las alertas de la Defensoría? - Carlos A. Guevara

Diez meses después la situación no ha cambiado, dice el nuevo informe de seguimiento, y persisten las violaciones a los derechos fundamentales de la vida, la libertad y la integridad personal de los habitantes de Maicao.

Además, el informe identifica una serie de factores de carácter político y social que estarían influyendo en la gobernabilidad del municipio: el proceso electoral que se desarrolla en Maicao para elegir alcalde el 22 de noviembre y que puede verse seriamente afectado por la intrusión de los actores armados ilegales, las movilizaciones de comerciantes informales y gentes del municipio por la subida en el precio de los peajes y los decomisos de combustible de contrabando en la frontera colombo-venezolana y el incremento de los señalamientos contra organizaciones sociales como la Fuerza de Mujeres Wayúu (FMW) y los miembros de la comunidad árabe musulmana, que pueden propiciar agresiones contra sus líderes.

Al igual que en otros informes anteriores, el SAT describe las acciones que llevan a cabo los grupos armados en Maicao: narcotráfico, contrabando, sicariatos y venta de armas, entre otras actividades ilícitas.

Durante los últimos meses, dice el informe, se intensificaron los homicidios selectivos y las campañas de limpieza social por parte de los grupos desmovilizados de las Autodefensas, con una nota nueva que todavía no se interpreta en sentido positivo o negativo: los tres grupos en disputa, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), “Los Paisas” y “Los Rastrojos” han llegado a alianzas y han cesado las hostilidades entre ellos.

La guerrilla, presente en las estribaciones de la Serranía del Perijá por medio del Frente 59 de las Farc, también ha aumentado su actividad política según el informe, insertándose cada vez más en los circuitos económicos ilegales que recorren la frontera entre Colombia y Venezuela.

En cuanto a los hechos de violencia concretos perpetrados por estos grupos después del informe emitido por la Defensoría en enero, destacan los casos de limpieza social a prostitutas, ladrones, drogadictos y secuestradores, y varias campañas con panfletos destinados a justificar las acciones que llevan a cabo.

En general las motivaciones y los autores de los crímenes no han sido plenamente esclarecidos por las autoridades, razón por la cual no pueden ser explicados fácilmente con el distintivo de “delincuencia común”.

El informe sostiene que la mayor parte de las acciones de violencia las llevan a cabo grupos cuyos orígenes habría que buscarlos en el proceso de desmovilización de las AUC, aunque deja claro que muchos delitos están vinculados a ajustes de cuentas relacionados con el narcotráfico y otros, más pequeños, a la delincuencia común.

Unos y otros, dice el informe, contribuyen a generar un clima de inseguridad e intranquilidad en Maicao que favorece a los grupos armados ilegales post-desmovilización, que incluso actúan como guardaespaldas de personas adineradas. La situación es un verdadero “palimpsesto de violencias”, puesto que en la región confluyen todo tipo de actividades delincuenciales con diferentes motivaciones.

El informe también se hace eco de organizaciones armadas formadas por indígenas Wayúu que tratan de defender sus territorios étnicos, sin ninguna vinculación conocida con las AUC o la guerrilla.

El pueblo Wayúu ante la ola de violencia

En lo que concierne a los indígenas Wayúu que habitan Maicao, muchos se han visto obligados al desplazamiento forzado aun incluso después de haberse emitido el informe del SAT del mes de enero, que referenciaba importantes riesgos en el barrio Villa Mery, donde varias lideresas de la FMW y catorce familias Wayúu han tenido que abandonar sus territorios.

Las mujeres de la FMW se han visto estigmatizadas por parte de agentes del Estado, que las acusan de guerrilleras, lo mismo que la comunidad árabe musulmana, acusada públicamente de tener vínculos con organizaciones fundamentalistas islámicas. Señalamientos todos realizados sin la menor prueba, que convierten a estos grupos vulnerables en blancos de la limpieza social de las bandas emergidas de las AUC.

El informe, por último, realiza una serie de recomendaciones dirigidas al Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT) para atender oportunamente a la población del municipio de Maicao, amenazada por la continuidad de las violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

En el caso de los Wayúu, el SAT llama a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, a la Gobernación de La Guajira y a la Alcaldía municipal de Maicao a canalizar los recursos necesarios para implementar acciones que brinden una atención adecuada a los sectores de esta etnia focalizados en el informe, que durante los últimos meses han sido víctimas de desplazamiento forzado y coacción por parte de grupos armados ilegales post-desmovilización.

Asimismo, recomiendan a la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom del Ministerio del Interior y de Justicia y a la Dirección de Poblaciones del Ministerio de Cultura para concertar de inmediato la implementación de una política pública para la comunidad árabe musulmana de Maicao, continuamente afectada por la ola de violencia que vive la región.

Igualmente, al Programa de Protección de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia para realizar una consulta con la Fuerza de Mujeres Wayúu y las comunidades Wayúu de Maicao, de cara a definir protocolos de seguridad preventiva colectiva, y al Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio (PPTP) de Acción Social con el fin de garantizar al pueblo Wayúu la posesión y propiedad de las tierras de las que han sido desplazados forzadamente.

Fuente: Defensoría delegada para la evaluación de riesgos de la población civil como consecuencia del conflicto armado. Sistema de Alertas Tempranas - SAT - Nota de seguimiento Nº 025-09 Primera al Informe de Riesgo Nº 002-09. 26 de octubre de 2009.

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