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Por: Comisión de DDHH de los Pueblos Indígenas

No, no son nuestras prácticas tradicionales las que nos abocan a la muerte, no son nuestras costumbres y tradiciones las que han ocasionado y siguen ocasionando la muerte de miles de niños(as) indígenas a lo largo y ancho del territorio colombiano, no son nuestras 102 cosmovisiones las que nos tiene ad portas de la extinción física y cultural.

 No, no somos nosotros los pueblos indígenas quienes hemos decidido ver morir poco a poco a nuestros niños y niñas, a nuestras mujeres, a nuestros adultos mayores, así como tampoco decidimos vernos enfrentados al cruento conflicto armado que tiene lugar en nuestros territorios, a los mega proyectos que nos confinan, desplazan y enferman, a las bases militares ubicadas en zonas donde otrora se encontraban nuestros sitios sagrados o cultivos, al empobrecimiento derivado de políticas económicas que desconocen esas prácticas ancestrales que nos han permitido pervivir a través del tiempo, ni a la cruenta sequía derivada de los fenómenos climáticos algunos provocados por la devastación a la que hemos sometido a la madre tierra. No, no somos los pueblos indígenas los responsables de los procesos que nos llevan a la extinción física y cultural.

La muerte de niños indígenas como en el caso de los Wayúu, con un manejo mediático perverso, no es un hecho reciente. Ya hace años que distintas organizaciones nacionales e internacionales han producido informes que dan cuenta de la muerte por hambre de menores indígenas a lo largo y ancho del país, sin que se haya producido una respuesta estatal o gubernamental ni se hayan establecido responsabilidades en relación con estos crímenes.

Hace por lo menos dos años que una cifra escabrosa se hizo pública, sin que se tomaran medidas contundentes al respecto: la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, denunciaba cerca de 4000 niños(as) Wayúu muertos por desnutrición en un periodo de cinco años. Nada sucedió, la reacción generalizada no dio cuenta de tan escandaloso número, desafortunadamente el tema ha sido asumido como una coyuntura mediática amarillista y no como un problema estructural de respuestas urgentes y soluciones inmediatas.

Sin embargo este no es el único dato que debe suscitar la alarma generalizada del estado, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto: entre diciembre de 2013 y abril de 2014, se contaban 45 niños(as) Emberá Katío retornados al Alto Andágueda (Chocó), con edades entre los 0 y 8 años, muertos por enfermedades gastrointestinales sencillas y absolutamente previsibles. Entonces tampoco ocurrió nada, la respuesta institucional fue precaria y el componente de dignidad que implica todo retorno jamás se materializó; poco a poco, muchos de esos núcleos familiares decidieron gota a gota devolverse a las ciudades y a la mendicidad.

Ambos casos resultan emblemáticos para el movimiento indígena y para las organizaciones nacionales con asiento en la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (CDDHHPI), sin embargo estos solo son una muestra fehaciente de una situación generalizada, los dos observan canales comunicantes que atraviesan profundas omisiones en cabeza de entes estatales nacionales y regionales y de los órganos de control, absurdamente silentes frente a la cruenta realidad evidenciada; el sistemático incumplimiento de los compromisos adquiridos por la institucionalidad con los pueblos indígenas, la ausencia estatal, la falta de concertación de medidas, la corrupción puesta de presente recientemente en entidades tan importantes en la materia como el ICBF, la carencia de medidas idóneas de prevención que observen los cambios climáticos anuales que tienen lugar en los territorios, la persistencia de necesidades básicas insatisfechas, entre otras circunstancias, han sido las causas de fondo que no han permitido resolver y salvaguardar la vida e integridad personal de la niñez indígena.

Las cifras presentadas y las realidades denunciadas son solo la punta del iceberg; por décadas los Pueblos Indígenas hemos denunciado la muerte de nuestra niñez, de nuestras mujeres en embarazo y lactante, de nuestros adultos mayores; por décadas hemos denunciado como el exterminio de pueblos enteros ocurre bajo la mirada inerme de quienes están llamados a frenar el que sin lugar a dudas puede entenderse como un genocidio en curso. Acertó la Corte Constitucional en 2009 al decir que estábamos abocados a la extinción física y cultural y es un hecho fehaciente que, a la fecha, nos estamos viendo abocados a procesos inminentes y agresivos de exterminio.

Sin lugar a dudas existe una relación directa entre el porcentaje de población indígena y el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), desafortunadamente esto nos permite inferir que, a mayor población Indígena, mayor porcentaje de NBI; afirmación esta demostrable a través de la triangulación de los departamentos con mayor porcentaje de población indígena (Guainía, Vaupés, Guajira, Amazonas, Vichada, Cauca, Putumayo, Chocó) con el nivel de las brechas más altas y el porcentaje de morbimortalidad.

Son muchos los(as) niños(as) que nacen y mueren sin haber existido para la institucionalidad, en los más escarpados territorios colombianos, desiertos, selvas, serranías, sierras y llanos, en los cuales no existe el más mínimo atisbo de presencia institucional, son muchos los casos de personas indígenas que mueren sin que exista registro alguno de su nacimiento o deceso. La imposibilidad de cultivar, criar nuestros animales, tomar agua pura libre de contaminación y, en resumen, preservar nuestras prácticas tradicionales nos han llevado a padecer esta realidad; los pueblos Ette Ennaka, Yukpa, Wiwa, Sikuani, Emberá Chamí, Hitnu, Makaguan, Nukak, Jiw y muchos otros, víctimas de la desterritorialización, empobrecimiento, desatención y abandono estatal, se suman al Pueblo Wayúu y Emberá Katío en este subregistrado contexto.

Siendo este el panorama afrontado, desde la CDDHHPI consideramos imperativa la generación de acciones de emergencia, articuladas y concertadas lideradas por la Presidencia de la República y ejecutadas por la institucionalidad competente, tendientes a cubrir necesidades básicas como: alimentación, saneamiento básico, acceso a vías, salud y educación; partiendo de los compromisos adquiridos previamente con los pueblos y comunidades indígenas más afectados.

Así mismo es indispensable que los órganos de control, encargados de supervisar el accionar de dicho esquema institucional, de inicio a las acciones a las que haya lugar, en aras de avanzar en la salvaguarda de los 102 Pueblos Indígenas de Colombia, con especial énfasis en los más profundamente impactados por estas condiciones de pobreza e inequidad, los cuales requieren respuestas fondo que transformen sustantivamente la problemática afrontada.

Hacemos un llamado a los medios de comunicación, para que el tema sea tratado con respeto y objetividad, con la imparcialidad requerida desde la ética periodística; trascendiendo la primicia amarillista al recordar que estamos hablando de la muerte de miles de niños(as) indígenas afectados por el abandono histórico, la exclusión y discriminación.

Por último instamos a todos los organismos y agencias internacionales, en especial a la OIT, para que sentándose en la CDDHHPI generen actuaciones de urgencia desde sus mandatos y funciones misionales. Así mismo solicitamos a la CIDH mantener las medidas cautelares proferidas recientemente en lo atinente a la crisis afrontada por el Pueblo Wayúu, a pesar de la solicitud de levantamiento de las mismas presentada por el gobierno nacional, toda vez que la situación que se pretendía resolver, contrario a solucionarse se ha agravado desproporcionalmente

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