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La última vez que tuve la oportunidad de conversar con Kimy Pernía Domicó me estuvo hablando de sus hijos, de cómo era Begidó – su comunidad natal – de su relación con su abuelo Yarí – Jaibaná y Cacique fundador del Alto Sinú –. Caminábamos bajo un inusitado sol de viernes santo por la estación de Transmilenio de la calle 80 en la ciudad de Bogotá.

También me contó un poco del miedo que le provocaban los aviones, como la molestia de tener que acostumbrarse a comidas extrañas a su paladar. Tres días después partía para la ciudad de Québec (Canadá) para participar, como representante de su pueblo, en el Foro de Derechos Humanos de la Cumbre de los Pueblos, evento paralelo a la Cumbre de Libre Cambio para las Américas. Allí volvió a plantear los efectos devastadores que para los Emberá Katío trajo la construcción de la represa Urrá, y la manera como los distintos actores armados habían intensificado la presión sobre las comunidades indígenas y campesinas en toda la región del Alto Sinú. Nos despedimos con un fuerte abrazo, para luego alejarse y perderse por entre un sinnúmero de piernas y brazos.

Aunque fueron muchos los que le advirtieron que temporalmente no regresara a Tierralta tras su arribo a Bogotá, recordándole la compleja situación humanitaria que se vivía en la zona, él insistió en viajar, empeñándose, como siempre fue su costumbre, en estar en el ojo del huracán.

Cuentan que ese sábado 2 de junio de 2001, Kimy se encontraba a dos cuadras de la sede de los Cabildos Mayores, cuando fue detenido por tres hombres armados que lo forzaron a montarse a una motocicleta. Algunos sostienen que gritaba con todas sus fuerzas , mientras otros afirman que vociferaba <>.

Antes de que la motocicleta se perdiera por la carretera que de Tierralta conduce a Montería, capital del departamento, el indígena hizo un último esfuerzo por tratar de escaparse, pero, según los testigos, le pusieron un arma en la cabeza y lo volvieron a dominar.

Violencia despiadada

La situación humanitaria en la región del Alto Sinú era compleja para la época. Las hostilidades se iniciaron el miércoles 6 de marzo con el lamentable secuestro y posterior asesinato del dirigente José Ángel Domicó, Jejené o Alguacil Mayor de Río Sinú, ocurrido a media cuadra del Cabildo de Río Verde y Río Sinú, al parecer por hombres de las autodefensas. La indignación se apoderó de los Emberá Katío, quienes tuvieron que movilizarse desde el resguardo a Tierralta para presionar la entrega del cuerpo del dirigente.

La violencia continuó el domingo 1 de abril cuando fue asesinado el líder Betín Bailarín de la comunidad de Kakaradó por parte de las FARC EP, cuyo cuerpo fue abandonado en el cerro Widó, prohibiendo a su familia recuperar el cadáver.

Entre los meses de abril y mayo las acciones militares contra las comunidades arreciaron. Miércoles 2 de mayo una comisión humanitaria, integrada por representantes de la Defensoría del Pueblo y de la Oficina de Naciones Unidas, viajó a Zambudó por el inminente desplazamiento de la comunidad ante los cruentos enfrentamientos entre grupos insurgentes y de autodefensas. Simultáneamente, las FARC EP citaron a los delegados de los Cabildos a una reunión en Río Esmeralda, citación que no fue atendida y provocó un fuerte rechazo al interior de la organización.

El sábado 19 de mayo 400 hombres de las autodefensas, con apoyo aéreo, incursionaron a la comunidad de Kiparadó, reteniendo a 8 indígenas. Cuatro días después, miércoles 23, las FARC EP perpetran una masacre que cobra la vida de 10 campesinas de la comunidad de Zambundó, provocando un desplazamiento masivo de indígenas y campesinos de las comunidades de Nejodó, Koredó y Kapupudó hacia el casco urbano de Tierralta. Un día después, las FARC EP vuelven a cometer una masacre de 24 campesinos de la vereda Palestina, ubicada en las riberas de los ríos Tigre y Manso.

Un día antes de la detención de Kimy, las autodefensas ubican dos retenes militares sobre el río Sinú y detienen varias canoas indígenas que se dirigen a la reunión de Autoridades Extraordinaria de Gobernadores que se celebraba en la comunidad de Begidó. Las autodefensas lanzan una amenaza de muerte a todo aquel que intentara movilizarse por el río.

Luego de la detención, la respuesta de los 84 pueblos indígenas no se hizo esperar. De manera inmediata las distintas organizaciones, lideradas por la Organización Nacional Indígena de Colombia, coordinaron marchas de movilización hacia Tierralta, convocando a poco más de 800 personas. A pesar de la presión ejercida por los marchantes y de las diversas manifestaciones de solidaridad expresadas por agencias nacionales e internacionales, incluyendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) que conminó a la administración del presidente Andrés Pastrana Arango a adoptar medidas cautelares tendientes a procurar la liberación de Kimy, las autoridades civiles y militares del departamento no dudaron en tratar de impedir cualquier tipo de acción de protesta, justificando de paso la detención de Kimy.

En ese sentido, la Gobernación de Córdoba expidió el decreto 00472 del 13 de junio de 2001, el cual prohibió el acceso a la marcha indígena que partió de Tierralta y buscaba culminar en Montería. De acuerdo con la medida, la marcha no era posible pues en la ciudad se estaba celebrando la 41ª Feria Nacional Ganadera, lo que obligó a la Defensoría del Pueblo a interponer una acción de tutela como mecanismos para hacer respetar el derecho del pueblo Emberá Katío. Para los pueblos indígenas de Colombia quedó claro que a los gobiernos nacional y departamental le importaban más las vacas que la seguridad de las 84 etnias. Por esos días también circuló el testimonio del comandante de policía de Córdoba, quien señaló que Kimy tenía vínculos con el narcotráfico.

Congregados en Tierralta, los cientos de indígenas conformaron una Misión Humanitaria, cuyo propósito no fue otro que buscar, palmo a palmo, al dirigente indígena, búsqueda que se extendió infructuosamente por varias semanas. Por su parte, los senadores indígenas Jesús Enrique Piñacué y Francisco Rojas Birry denunciaron la detención ante el Congreso de la República, denunciando la actitud parca y displicente del Gobierno para hacer frente a la sistemática violación a los derechos humanos contra los pueblos indígenas.

Testigo y víctima de un megaproyecto

“Mi nombre es Kimy Pernía Domicó y soy un miembro de la gente indígena Emberá Katío. Estoy aquí hoy como testigo y como víctima de un megaproyecto que ha tenido un impacto desastroso en mi comunidad” Con estas palabras Kimy abrió su discurso el 16 de noviembre de 1999 ante la Comisión Permanente sobre Asuntos Extranjeros y Comercio Internacional en Ottawa (Canadá), donde el indígena expuso en detalle el impacto negativo para los Emberá Katíos de la construcción de la hidroeléctrica de Urrá, como las irregularidades cometidas por las autoridades locales y nacionales que nunca contemplaron a los indígenas para la construcción de la obra.

Tres años antes había liderado el Do Wamburá, la primera gran movilización indígena contra la construcción de la hidroeléctrica, que congregó a más de mil personas y permitió iniciar un proceso de negociación con el Gobierno y la empresa Urrá S.A.

Con el asesinato de Lucindo Domicó, acontecido en abril de 1999, Kimy abandonó Tierralta y se refugió en Bogotá. Desde la capital coordinó las decisivas acciones para hacer reconocer los derechos de los Emberá Katíos, teniendo bajo su sombra el temor de ver sus territorios ancestrales inundados – inundación aprobada por el entonces ministro del Medio Ambiente, Juan Mayr, cuando Kimy se encontraba en Canadá – como el temor sobre su vida y la vida de los suyos.

En varias oportunidades expresó: <>.

Luego de culminado el proceso de negociación de Urrá, su percepción visionaria enfiló baterías hacia el Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) y a los efectos que el proceso de integración económica podría tener para los pueblos indígenas. Sus críticas hacia el ALCA fueron las últimas pronunciadas por el dirigente, tanto en la Cumbre de los Pueblos como en el Congreso Indígena del Pacífico.

Adiós Kimy

Luego de cometida una violación a los derechos humanos la peor tragedia que se tiene que padecer es observar cómo los procesos de investigación avanzan a paso lento, dentro la más descarada impunidad. El caso de Kimy no es la excepción. Al poco avance en las investigaciones, los Cabildos Mayores denunciaron la pérdida información esencial para el esclarecimiento del caso, hecho que quedó en evidencia cuando el pasado 5 de febrero los dirigentes Katíos tuvieron una reunión con representantes del Gobierno en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En cuanto a la suerte de Kimy, nadie duda que la misma fue decidida por las autodefensas poco después de su desaparición. Incluso, dos meses después de su detención, circuló un comunicado, que algunos sectores indígenas catalogaron de irresponsable, que daba cuenta de lo ocurrido con Kimy. El comunicado menciona que en una reunión que sostuvieron algunos dirigentes indígenas con tres comandantes de las autodefensas, se dejó claro la suerte que había corrido el emblemático líder.

Sostiene la información que “a Kimy lo tuvieron vivo durante 10 días. Cuando comenzó la movilización indígena en Tierralta decidieron matarlo. Dijeron que desde las masacres de campesinos en Zambudó – 23 de mayo – y del Río Manso – 28 de mayo – ya habían decidido llevarse a Simón Domicó y a Kimy. Primero a Simón, porque se le habían advertido que no subiera remesa a la Asamblea Extraordinaria de Gobernadores que se hizo en la comunidad de Begidó el 1 y 2 de junio, y él la llevó (es de anotar que dicha advertencia sí se la hicieron a Simón, pues personalmente vino al Cabildo y trajo esa razón, además recuérdese que los paramilitares montaron un retén en el río Sinú del 1 al 5 de junio, impidiendo la movilización a Begidó) Entonces, estaban esperando a que Simón bajara de la zona para llevárselo, pero en ésas apareció Kimy. Decidieron detenerlo a él”.

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