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Por Marino Córdoba y Gimena Sánchez*

Pese a ser los dueños colectivos de más de 5.5 millones hectáreas de tierras tituladas colectivamente, con algunos de los mejores recursos naturales de Colombia y del mundo, los afrocolombianos enfrentan serias consecuencias que afectan su desarrollo y supervivencia

El próximo 3 y 4 de febrero de 2016 Colombia y Estados Unidos evaluaran los resultados del Plan Colombia en sus 15 años de implementación. Todo está listo para que en Washington, DC la capital de los Estados Unidos, los Presidentes Barack Obama y Juan Manuel Santos se reúnan para la ceremonia en la Casa Blanca. Ya en Colombia el Presidente Santos había hecho invitación vía Twitter a sus compatriotas y exmandatarios Andres Pastrana y Alvaro Uribe Velez. El primero fue el arquitecto del Plan Colombia, una política fallida en lo militar y antinarcótico y, el segundo, fue el gran beneficiario de esta política, implemento la política de seguridad democrática, en el marco del desarrollo del Plan Colombia que por sus graves violaciones de derechos humanos, de seguro algún dia terminara en una cárcel, siguiendo el ejemplo de Pinochet, en Chile.

Washington será entonces el lugar perfecto para que los dos mandatarios le cuenten al mundo, no el impacto negativo que dejo en la población civil pobre, campesina, afrocolombiana e indígena el impacto de la maquina demoledora de los billones de dólares llamada Plan Colombia, pero sí de los resultados positivos en lo militar y contrainsurgente, política antidrogas con las fumigaciones aéreas que durante 15 años destruyó la seguridad alimentaria y medio ambiente de muchos campesinos. Tampoco se hablara de como miembros de estas fuerzas militares apoyadas con financiamiento de los EEUU y políticos y empresarios lograron resultados debido a alianzas con el paramilitarismo. Lo cierto si es que durante este tiempo de implementación del Plan Colombia se aumentaron los falsos positivos de militares y las atrocidades de los paramilitares.

También se espera que en este encuentro los dos mandatarios resalten los avances del proceso de paz y del respaldo político y económico que el Presidente Obama viene y seguirá dando a la fase de implementación del postconflicto. Aquí se espera que hablen de una nueva fase de ayuda de los EEUU hacia Colombia que sea no para la guerra pero para la paz. Los y las colombianos tuvieron que vivir y sufrir 15 años de intensa guerra donde se produjeron muchas muertes de civiles, desplazamientos y crisis humanitarias para que EEUU finalmente entendiera que apoyar la paz da mejor dividendos que invertir en la guerra. La paz es la esperanza y el sueño de muchos colombianos de las zonas rurales y quienes han sido víctimas del conflicto. El gobierno colombiano y las FARC-EP esperan firmar el acuerdo de paz el próximo mes de marzo, en el cual se pondrá finalmente un fin a más de 50 años de confrontación armada que ha tenido un resultado desastroso en vidas humanas y traumatizado al país. Pero no se pondrá fin a la desigualdad social y falta de inclusión social y política para grupos étnicos del país, porque ni en el actual proceso de paz son incluidos como población sujeto de derechos especiales.

En una entrevista publicada el 24 de enero de este año por el periódico El Tiempo, el Presidente Obama reitero que existe una gran relación entre las dos naciones en términos de esfuerzos conjuntos de seguridad y comercio. El Presidente noto que Estados Unidos está apoyando los esfuerzos de Colombia para conseguir la paz con las FARC. También se refirió al progreso que su Administración ve en Colombia y los sacrificios hechos por Colombia para llegar adonde esta hoy. Un tema no referido de esa entrevista fue las contribuciones hechas por los Estados Unidos frente el tema de los afrocolombianos, una población fuertemente afectada por el conflicto e históricamente marginados que no gozan de ciudadanía plena. Es importante resaltar que en los últimos 10 años, los Estados Unidos ha sido clave para la visibilización de la grave situación de las comunidades afrocolombianas y, especialmente el congreso, ha tomado algunas medidas en su favor, en comparación con el trato dado por su propio país, Colombia.

Cuando Barack Obama se convirtió en el primer Presidente Afrodescendiente de los Estados Unidos, el pueblo Afrocolombiano celebro la victoria como suya, por supuesto que así fue recibido por el mundo afro, tanto en Africa como la diáspora afrodescendiente, quien podría pensar que un Afrodescendiente fuese a llegar a ser hoy el comandante en jefe de la nación más poderosa del mundo. Pero también porque había mucha expectativa que como Presidente afrodescendiente del país que sufrió las atrocidades de la esclavitud, la segregación racial y todo el legado de lucha de grandes de líderes de los derechos civiles como el Dr. Martin Luther King, jr., Malcolm X, entre otros, se veía como el campeón para los temas de justicia social, especialmente de las comunidades afrodescendientes en Colombia, unas comunidades que también sufrieron las atrocidades de la esclavitud y enfrentan hoy su legado de discriminación racial a todos los niveles de la sociedad y siguen padeciendo desproporcionadamente con sus hermanos indígenas por la violencia, conflicto y desplazamiento forzado.

Pese a ser los dueños colectivos de más de 5.5 millones hectáreas de tierras tituladas colectivamente, con algunos de los mejores recursos naturales de Colombia y del mundo, los afrocolombianos enfrentan serias consecuencias que afectan su desarrollo y supervivencia. Según algunas cifras, los afrocolombianos representan el 30% de los desplazados internos del país, de los 6 millones que ha dejado el conflicto armado, una población que según el Censo del 2005 solo alcanza 4.3 millones de la población total. Los desplazados afrocolombianos eran dueños de tierras, vivían en comunidad, se intercambiaban entre si el trabajo, bienes y alimentos, trabajaban en el campo y vivían a orillas de los ríos, tenían como alimentación a los peses y animales de la selva, existía abundante agua pura y natural de los rÍos cristalinos del pacifico para su consumo diario. Eran una comunidad que circulaba libre en sus regiones y tradicionalmente son comunidades de hospitalidad al extranjero. La guerra cambio estas vidas, costumbres y tradiciones, hoy han ingresado a las filas de miseria en las grandes ciudades y en condiciones de mendicidad. Los Afrocolombianos son tratados como ciudadanos de última categoría, deambulan por las esquinas en busca de trabajo y alimentos para sus hijos, no hay atención especial como lo señala la Constitución Política y la ley 70 de 1993 que los reconoce como población especial, sujeta de derechos.

En Colombia EEUU hizo una inversión de más de 9.3 billones de dólares desde el año 1999 hasta el 2014 con el Plan Colombia, principalmente destinados a esfuerzos de seguridad y antinarcóticos. Aunque cambio su nombre de Plan Colombia a Plan Patriota y apoyo al Programa de Consolidación, su objetivo siguió siendo igual. Durante estos años, se presentaron más de 3,400 casos de falsos positivos, se desplazaron más de 2.4 millones de personas, se cometieron masacres atroces por parte de los paramilitares y en algunos casos con la omisión o colusión de fuerzas armadas, los escándalos de la parapolítica y el escándalo de las chuzadas del DAS. Adicionalmente, el programa de fumigaciones aéreas financiado con el apoyo de los Estados Unidos disperso la coca por nuevas partes del país y daño la seguridad alimentaria, el medio ambiente y creo adversos afectos de salud en muchas comunidades.

En el 2009, el Presidente George W. Bush le dio la médalLa de honor al Presidente Uribe, al mismo tiempo que su Administración empujo leyes que debilitaron los derechos de comunidades étnicas. Leyes como la ley forestal, el estatuto de desarrollo rural, cambios en el código de minas combinado con un empuje a la expansión de industrias problemáticas como la de la palma aceitera en territorios étnicos y una retórica oficial anti sindical, anti indigenista y en contra de defensores derechos humanos y críticos de las políticas Uribistas, tuvieron efectos nefastos contra las comunidades étnicas. Más que nada el Presidente Uribe y su gabinete se concentraron en hacer cabildeo para que EEUU apruebe el TLC con Colombia. Parte de dicho cabildeo incluyo emplear oficinas de lobby en Washington, DC y la manipulación del tema afrodescendiente para cultivar a miembros del Congreso de los EEUU afrodescendientes.

Pese a los extensos esfuerzos de Uribe para conseguir la aprobación del TLC con los EEUU, éste no logro su aprobación en la administracion de Bush, por lo que estuvo congelado en el Congreso de los EEUU por cinco años. El liderazgo Demócrata del Congreso de los EEUU cuestiono a fondo un TLC con un país que tenía el número más grande de asesinatos de sindicalistas en el mundo, un record de vulneración de derechos laborales tan atroz y la infiltración del paramilitarismo en la política y otros sectores del país. El Congreso Negro insistió mucho en que tenía que haber respuestas concretas a la situación de derechos humanos y humanitarios que estaban enfrentando las comunidades negras. Pese que EEUU apoyo todo el proceso de desmovilización de los paramilitares de las AUC, a su vez sectores de su país cuestionaron mucho la efectividad de dicha desmovilización y obligaron a la Administracion de Uribe a extraditar a los EEUU a varios comandantes de la AUC.

El cabildeo desde los sectores sindicales, iglesias y organizaciones de sociedad civil estadunidenses y líderes en condición de asilados llevo a cambios en la política de los EEUU hacia Colombia. Los legisladores insistieron en que la aplicación de los condicionamientos de derechos humanos ligados a la asistencia militar hacia Colombia se tenía que aplicar. En esos condicionamientos pedían justicia en casos de abusos cometidos por las fuerzas armadas colombianas y de colaboración con grupos paramilitares y sus sucesores. También ellos exigieron que se protegieran a sindicalistas, defensores de derechos humanos y líderes étnicos. A raíz de estas intervenciones se vieron avances en diversos casos polémicos de DDHH como el de la usurpación ilegal de tierras de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó y se pudo prevenir el desalojo de las comunidades negras de La Toma.

A raíz de las protestas de la sociedad civil donde participaron afrocolombianos en la diáspora y sus aliados de los movimientos laborales, de derechos humanos, religiosos y activistas, se empezó a cuestionar las políticas abusivas en Colombia. Primero en el 2007 se aprobó una reducción de asistencia militar y se aumentó el paquete económico social que es administrado por la USAID con el nombre de ACIP. Se comenzó un proceso de consulta entre USAID y la sociedad civil EEUU para ver cómo se puede mejorar el programa para que sea más efectivo y de resultados concretos en términos de derechos humanos. Estas consultas que aún siguen hoy y que ahora incluye una consulta con organizaciones de la sociedad civil en Bogotá, son el resultado de cambios que han mejorado las relaciones con la sociedad civil.

En términos de afrocolombianos, miembros del Congreso Negro de los EEUU preguntaron porque no había afros en el gabinete de Uribe cuando este pidió su apoyo para pasar el TLC, poco después Uribe nombró a la primera ministra negra en su gabinete, el primer general afrodescendiente y se abrió una oficina de la presidencia para asuntos afrocolombianos. Estados Unidos empezó a insistir por la vía diplomática que se cambien conductas abusivas como incentivos que llevaban a los falsos positivos, abusos de la agencia de inteligencia DAS, y que se protejan a los sindicalistas y defensores de derechos humanos. Legisladores introdujeron resoluciones en el Congreso de los EEUU promoviendo los derechos de los desplazados y las comunidades afro e indígena., Los legisladores EEUU insistieron que si Colombia quería el TLC, tenía que cambiar su actitud y mostrar resultados frente a los temas de sindicalistas y derechos humanos, así de concreto.

El Presidente Obama durante su campaña Presidencial dijo que no iba avanzar con el TLC a menos que la conducta contra sindicalistas cambiara en Colombia. Luego después de mucha presión interna acerca de asuntos económicos se vio en la posición de tener que avanzar con el TLC. Para avanzar y al mismo tiempo mantener su apoyo del movimiento sindical,EEUU lanzo el Plan de Acción Laboral. Dicho plan con sus limitaciones, ayudo a que se disminuyera la tasa de nuevos homicidios cometidos contra sindicalistas, se estableció que en el Ministro del Trabajo se aumentaran entrenamientos a inspectores de trabajo, se acabaran las cooperativas de trabajo ilegales y se mirara con lupa especial los problema laborales en los sectores donde se enfrentaran peores situaciones laborales y donde hubieran gran número de trabajadores afrodescendientes, como los puertos y el sector de azúcar.

Después que se aprobó el TLC en los EEUU, el Plan de Acción Laboral perdió su prioridad para ambos países. Esto fue un gran error porque el Plan sigue unas rutas básicas que sí tendría la voluntad política hubiese sido un fuerte en las relaciones de ambos país y podría resultar en cambios transformadores en el sector laboral. Si EEUU insistiría que se cumpla el eliminar la subcontratación laboral, con acabar con la impunidad en casos de asesinatos de sindicalistas, asegurar que el sistema de inspecciones funcione a favor de los trabajadores esto ayudaría a combatir la inequidad que es una de las causas de las raíces de conflicto, violencia y criminalidad en el país.

La informalidad y precariedad laboral conlleva a que muchos afrodescendientes no puedan acumular capital, educarse y organizarse para mejorar los problemas socioeconómicos que enfrentan sus comunidades. Esfuerzos de cabildeo también llevaron a que se cambie la forma en la que EEUU estaba financiando temas relacionados con los afrocolombianos e indígenas. Se estaban financiando proyectos con nexos con grupos armados o con índices de corrupción sin contabilidad y por lo tanto no se veían resultados a favor de las comunidades. Por ejemplo el programa ACIP se ha enfocado a fortalecer las instituciones del estado, las capacidades de organizaciones étnicas, mejorar las oportunidades económicas de jóvenes y promover mensajes positivos sobre temas de minorías étnicas en los medios con muy buenos resultados. Un esfuerzo positivo ha sido las alianzas entre el sector público y privado y organizaciones afrocolombianas para conseguir que se capaciten jóvenes, muchos de ellos desplazados, que ahora por su capacitación han logrado trabajo en empresas donde se requiere los conocimiento que adquirieron. Ahora miles de jóvenes afro e indigena habitantes de zonas marginadas en sitios urbanos incluyendo muchas madres solteras que no tenían empleo han recibido capacitaciones y empleo en diferentes sectores. Importante también ha sido que el programa mismo consiste de empleados que son 31% afrodescendiente y 7% indígenas. Como todo programa, no es perfecto y hay áreas que se pueden mejorar, pero si se puede decir que ha logrado avanzar los temas afros e indígenas en una sociedad donde estos temas no son de mayor importancia para el gobierno y las elites políticas, económicas y mediáticas. También el programa ha tomado riesgos importantes en sus esfuerzos de ser inclusivos y ha cortado fondos a organizaciones que no han respondido con su objetivo.

Otro plan que nació bajo el Presidente George W. Bush, que continuo bajo el Presidente Obama ha sido el Plan de Acción Racial entre EEUU y Colombia, mejor conocido como CAPREE. El CAPREE tiene como meta combatir la discriminación racial para afros e indígenas en ambos países e involucra varias agencias de los EEUU en temas muy variados. Pero dado que en Colombia, el tema de discriminación racial es un problema diario y que los afros están en una desventaja en muchos aspectos de la sociedad por la discriminación racial, seria de mayor importancia que dichos esfuerzos de CAPREE se fortalezcan. La mejor manera de hacerlo sería que los intercambios no se queden solo al nivel gubernamental o ceremonial pero que involucre organizaciones de base en ambos países y que dichos esfuerzos abren debates sobre cómo se puede luchar contra el racismo en ambos países.

Ahora con el presente proceso de paz con las FARC, Colombia está pasando por un momento histórico. Pese a la importancia del momento, las partes negociadoras en Habana no han invitado y recibido una delegación del pueblo afrocolombiano y no se ha conformado una comisión de pueblos étnicos. El Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano -CONPA sigue insistiendo que un análisis y perspectiva diferencial que corresponda a las realidades, necesidades y derechos de pueblos étnicos como sujetos colectivos, es necesario para que la paz sea efectiva. Aparte de ser las poblaciones más afectadas por el conflicto y violencia, también serán las poblaciones donde se recibirán desmovilizados y donde la construcción de la paz será más difícil si estas comunidades no se involucran plenamente.

La inclusión de las recomendaciones de las autoridades étnicas y liderazgo afro es necesario para asegurar que los acuerdos son apoyados e implementados en estas zonas del país. Es importante que el Presidente Obama termine su periodo como el primer Presidente afrodescendiente en los EEUU dejando un gran legado a las comunidades Afrocolombianas. La mejor manera de hacerlo es garantizando la participación de las organizaciones territoriales y sociedad civil organizadas en el proceso de paz. Garantizar que las partes en Habana reciban una delegación de grupos étnicos afro e indígenas lo antes posible y antes de que se firme el acuerdo final para asegurar que lo acordado considere los derechos y necesidades de las comunidades étnicas y para asegurar que futuros conflictos se evitan a tiempo. Para que dichos acuerdos se implementen de forma efectiva en las zonas étnicas todos requiere que las autoridades étnicas y sus organizaciones juegan un papel y liderazgo en su implementación. Insistir con Santos que se creen mecanismos como principios de entendimientos y aplicación de los acuerdos en las áreas afrodescendientes es clave, que sigan los mecanismos de consulta, pre via e informada con las autoridades étnicas. EEUU también debe comprometerse en ayudar a Colombia a construir la paz. Esto se traduce no solo en apoyo político con lo acordado en las negociaciones pero un paquete económico para la fase del postconflicto, bien robusto que dure por lo menos 5 años.

Dicho paquete debe incluir un componente amplio para fortalecer grupos étnicos de sociedad civil, como el Programa ACIP y asegurar que la sociedad civil afro organizada forma parte de todos los mecanismos de justicia transicional, comisión de la verdad y los programas para el postconflicto.

En particular, es importante que el programa ACIP continué y se transforme en un plan de apoyo para la construcción de paz con los grupos étnico. Dicho nuevo paquete de ayuda debe garantizar la participación política de los grupos étnicos en todos los aspectos de la implementación del acuerdo de paz, asegurar que el apoyo a las víctimas y desplazados tenga un componente diferenciado para los afro descendientes e indígenas y fortalecer la protección de nuestros líderes y comunidades y fortalecer las instituciones de justicia para combatir la impunidad en casos nuestros. Este paquete debe incorporar las metas del Plan de Accion Laboral y el Plan de Accion Racial para garantizar que mientras que se construye una paz en Colombia las instituciones son efectivas. También se debe garantizar la protección al sindicalismo y trabajadores y se debe combatir la discriminación racial.

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*Marino Córdoba es presidente de AFRODES y coordinador internacional del CONPA y Gimena Sánchez es la Coordinadora Principal del Programa de los Andes, WOLA.

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