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Fotografía, Luis Carlos Osorio R.

Redacción Actualidad Étnica. El pasado mes de marzo fue asesinado DANIEL NIAZA GONZALEZ, comunero y líder indígena del  Resguardo de Kipara del municipio de Trujillo -departamento del Valle del Cauca –, en el suroccidente de Colombia. Daniel tenía 32 años de edad y en el resguardo quedaron esperándole su mujer y 5 hijos.

Según los indígenas, su homicidio fue perpetrado en el casco urbano del Municipio por dos sicarios, quienes le dispararon en cuatro ocasiones. Este crimen se suma a otros hechos de violencia que han afectado al Pueblo Emberá Chamí.

Es el caso del reclutamiento forzado del que fueron objeto dos jóvenes de la comunidad, de 16 y 17 años, quienes habían sido llamados a formar parte de “Los Rastrojos”, grupo armado ilegal con presencia en el municipio. La autoridad tradicional y la guardia indígena lograron rescatar a los jóvenes de las garras de estos actores armados.

En represalia y con la intensión de llevarse nuevamente a los dos menores, “Los Rastrojos” atacaron a la comunidad el pasado 3 de junio en horas de la noche. Llegaron disparando contra la comunidad, lo que obligo a los pobladores a resguardarse en la escuela, lugar en el que aún se encuentran confinados, solo protegidos por la guardia indígena.

Para las organizaciones indígenas ORIVAC Y  ONIC, “resulta de la mayor preocupación el grave estado de vulnerabilidad en el que se encuentra el pueblo Embera Chamí de la región del municipio de Trujillo, ante las sistemáticas afectaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que afrontan por el accionar de grupos post-desmovilización, sucesores o herederos de las AUC; hechos que indiscutiblemente generan afectaciones individuales y colectivas, desestabilizando sus procesos organizativos, su autonomía política y violando los derechos fundamentales que tienen sobre sus territorios ancestrales”.

Los indígenas han dirigido una solicitud con el “carácter URGENTE” a la Unidad de Atención Integral de Víctimas –UARIV-,para que “direccione todos los esfuerzos necesarios para garantizar los derechos de la comunidad Emberá Chamí asentada en el Resguardo de Kirapa”. Una solicitud similar han hecho al ministerio del Interior para que coordinen las entidades que por ley están obligadas a verificar los hechos que se vienen sucediendo en el resguardo.

Y así, los indígenas se van dirigiendo a cada una de las entidades nacionales para que asuma las acciones de su competencia: a la Fiscalía para que investigue, a la vicepresidencia de la República para que sea “garante de los derechos de la infancia en riesgo de reclutamiento y la ejecución de políticas públicas de protección integral y fortalecimiento institucional, social y familiar que permita reducir los factores de riesgo de reclutamiento”. Solicitud similar le hacen al ICBF; A la Agencia Colombiana para la Reintegración, para que con carácter URGENTE active las rutas de protección que permitan la atención de los dos menores víctimas de reclutamiento forzado, a la Defensoría del Pueblo, para que proteja los derechos de estas comunidades vulnerables, al Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de este organismo, para que advierta sobre la situación de riesgo que afecta a estas comunidades…..

Los requerimientos son extensos e innumerables. Sólo queda una inquietud: ¿Cuál es el rol del Estado, que las comunidades siempre tienen que generar este tipo de solicitudes como si fuera la primera vez? ¿cómo si solo se actuara cuando los hechos han ocurrido?

¿Cuántos muertos mas le costará a estas comunidades lograr una paz duradera en sus territorios?

Fuente: Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC-

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