Campaña ONIC "Palabra dulce, aire de vida"

Fuente: Observatorio por la Autonomía y los Derechos de los Pueblos Indígenas de Colombia

La Corte Constitucional de Colombia reconoció, mediante el Auto 004 de 2009, que existen 34 pueblos indígenas en Colombia en peligro de extinción física y cultural a causa del conflicto armado interno y las gravísimas violaciones a sus derechos fundamentales, individuales y colectivos, y del Derecho Internacional Humanitario. La misma Corte, en el Auto 382 de 2010,  declaró que el pueblo Hitnú está en peligro de ser exterminado cultural y físicamente por el conflicto y por la falta de atención adecuada por parte de las autoridades nacionales y territoriales que garanticen su seguridad alimentaria, su salud, su integridad física y su vida. Por tal motivo colocó al pueblo Hitnú como el número 35 en la lista de los 34 pueblos señalados en el Auto 004.

La relación de los 35 pueblos indígenas en riesgo de extinción reconocidos por la Corte Constitucional es la siguiente: Wiwa, Kankuamo, Arhuaco, Kogui, Wayúu, Embera Katío, Embera Dobidá, Embera Chamí, Wounaan, Awá, Nasa, Pijao, Koreguaje, Kofán, Siona, Betoy, Sicuani, Nukak-Makú, Guayabero, U’wa, Chimila, Yukpa, Kuna, Eperara Siapidara, Guambiano, Zenú, Yanacona, Kokonuko, Totoró, Huitoto, Inga, Kamentzá, Kichwa, Kuiva y Hitnú.

Por su parte, la ONIC, que es la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, afirma que hay 64 pueblos en riesgo de extinción, cifra que representa el 62,7% de los 102 pueblos indígenas que existen en la actualidad en Colombia. Esta afirmación surge de la comprobación de que existen otros 32 pueblos, diferentes a los que señala la Corte, que cuentan con una población de menos de 500 personas, la gran mayoría concentrados en los departamentos de la Amazonía y Orinoquía. De estos 32 pueblos, 18 tienen una población inferior a 200 personas y 10 están conformados por menos de 100 individuos. Esta fragilidad demográfica, aunada a otros procesos complejos, como el conflicto armado interno, la pobreza, la discriminación y el abandono institucional, los sitúa en un grave riesgo de extinción física y cultural” (ONIC, 2010: CampañaPalabra dulce, aire de vida).

Los 32 pueblos que la ONIC identifica con una población inferior a las 500 personas son los siguientes: Yamatero, Makaguaje, Pisamira, Tsiripu, Eduria, Piaroa, Wipijiwi, Muinane, Yaruro, Dujos, Judpa, Yauna, Bara, Ocaina, Yohop, Amorua, Chiricoa, Nonuya, Kawiyari, Carabayo (Yuri), Matapi, Kacua, Achagua, Carijona, Tatuyo, Tariano, Yagua, Masiguare, Nukak Maku, Guayavero, Carapana y Bora. Entre todos éstos, sólo el pueblo Nukak Maku se incluye en el Auto 004 de la Corte Constitucional.

En el Auto 004/09, la Corte Constitucional determinó que, en un plazo máximo de seis meses, el gobierno nacional debía asumir la creación de  un Programa de Garantía de derechos, destinado a todos los pueblos indígenas del país, y formular e implementar Planes de Salvaguarda Étnica ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado para cada uno de los 34 pueblos indígenas en peligro de extinción. Ante esta determinación, el Gobierno decidió hacerlo con la totalidad de los pueblos indígenas, para que esta política indígena fuera integrada como política de Estado y no de Gobierno.

Aludiendo a este hecho, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas en su Informe sobre la situación de los pueblos indígenas en peligro de extinción en Colombia, de febrero de 2011, expresó: “El Gobierno ha reconocido implícitamente que todos los pueblos indígenas se encuentran en peligro de extinción, al mencionar la necesitad de que se elaboren Planes de Salvaguarda para todos ellos.” También agrega: “Las organizaciones de los pueblos indígenas anunciaron que los dos Planes de Salvaguarda más avanzados eran los Planes de los pueblos Awá y Cofán. Sin embargo, los mismos se encuentran en una fase inicial y no han pasado el proceso de consulta... El Foro recibió alegatos en el sentido de que no se ha aprobado un presupuesto especial para la elaboración, para los procesos de consulta y para la implementación de todos los Planes de Salvaguarda de los pueblos indígenas.”

FACTORES CAUSALES DEL RIESGO DE EXTINCIÓN

Se identifican un primer grupo de factores, que son históricos, estructurales, de larga duración. Provienen de la época de la conquista y la colonia, se incrementan durante la república con la ampliación de la frontera agrícola y la colonización interna del territorio, y se agudizan en el siglo XX con la violencia ininterrumpida que vive Colombia desde hace seis décadas. Dichos factores han sido la expropiación y expulsión de los pueblos indígenas de sus tierras ancestrales, que implica la pérdida de sus cosmovisiones, idiomas y formas propias de vida; el abandono institucional; la invisibilización y la discriminación.

En las últimas décadas, los viejos factores se combinan con estos otros: la prolongación del conflicto armado, la inserción de Colombia en el mercado mundial de la cocaína y el modelo de desarrollo económico que prioriza la explotación y exportación de recursos naturales (minerales, petróleo, oro, biodiversidad y otros) sin respetar el medio ambiente ni la consulta libre, previa e informada de quienes han sido los guardianes y propietarios de los territorios donde se realiza esa explotación. Estos factores los podemos clasificar de la siguiente manera:

Conflicto armado

Después de 10 años de ejecución del Plan Colombia, el conflicto tiende a prolongarse indefinidamente, colocando a los pueblos indígenas entre varios fuegos cruzados. Los informes internacionales y nacionales continúan señalando las responsabilidades del paramilitarismo, las guerrillas y los agentes del Estado en las graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario en las comunidades indígenas. La presencia de actores armados legales e ilegales en territorio indígena, a menudo vinculada a actividades de narcotráfico, es la primera causa de desplazamiento forzado, ante la sucesión de masacres, asesinatos, desapariciones, señalamientos y persecución de dirigentes, reclutamiento forzado, violencia sexual contra las mujeres, etc.

Narcotráfico

La demanda mundial de cocaína y su producción y exportación por parte de Colombia tienden a mantenerse estables o a incrementarse. La extensión de los cultivos de coca con esta finalidad, las fumigaciones aéreas con productos altamente tóxicos (glifosato) y las luchas violentas por las rutas de exportación y sus corredores estratégicos afectan directamente a los territorios indígenas y sus poblaciones. La “guerra contra las drogas” persiste, a pesar de su fracaso durante más de 30 años.

Industrias Extractivas

Las actividades de exploración y explotación de recursos naturales (petróleo, carbón, oro, madera, agua, biodiversidad, entre otros) en territorio indígena, por parte de empresas transnacionales y multinacionales, generan grandes impactos medioambientales, sociales, culturales, económicos y sobre la salud de las comunidades indígenas. En la mayoría de los casos, tal como ha sido comprobado por distintos organismos internacionales, tanto el gobierno como las empresas incurren en graves violaciones de los derechos colectivos de los pueblos indígenes, consagrados en instrumentos jurídicos de carácter internacional (Convenio 169 de la OIT, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ) y en la propia legislación colombiana. De forma particular, el gobierno no respeta el derecho a la consulta previa, libre e informada ante la realización de cualquier tipo de proyecto en territorio indígena, y es permisivo frente a las numerosas irregularidades de las multinacionales. Por otro lado, la relación de estas empresas con la llegada de nuevos actores armados que velen por la "seguridad" de sus operaciones, la convierte en otra de las causas de violencia y desplazamiento forzado.

Megaproyectos

La construcción de grandes obras de infraestructura, como represas hidroeléctricas, redes de carreteras, hidrovías, puertos, oleoductos y otras grandes inversiones económicas en el marco de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructuras Regional de Suramericana (IIRSA) y del Plan Mesoamérica, principalmente orientadas al transporte de los recursos naturales hacia el mercado internacional, se extiende por todo el territorio colombiano, repercutiendo en el presente y en el futuro inmediato de distintos pueblos indígenas, con consecuencias como la pérdida de tierras y desplazamiento forzado, entre otras.

Agroindustria y otros

La proliferación de proyectos para el cultivo a gran escala de palma africana y caña de azúcar para la elaboración y exportación de agrocombustibles que abastezcan la demanda energética de los países del Norte, así como proyectos turísticos o de conservación (biocomercio, servicios ambientales, bonos de carbono, etc.) conllevan  también expropiación territorial y desplazamiento forzado.

En igual peligro de extinción se encuentra la gran biodiversidad que la cultura ancestral de estos pueblos indígenas ha conservado durante milenios. Su entorno natural, que es de gran vulnerabilidad, está sometido a enormes presiones por las industrias madereras, petroleras, mineras, las fumigaciones químicas y el saqueo de su biodiversidad.

TENDENCIA ACTUAL DE LOS FACTORES DE RIESGO

La tendencia actual de estos factores es a agravarse aún más. Por las siguientes razones:

1. El Plan de Desarrollo 2010-2014 del actual gobierno del presidente Santos se propone ampliar las concesiones mineras y petroleras y la inversión extranjera en zonas que han sido propiedad ancestral de los pueblos indígenas.

2. La probable y pronta aprobación de los Tratados de Libre Comercio con la Unión Europea y con Estados Unidos, que favorecen claramente los intereses de las compañías multinacionales y agravan la desposesión y expulsión de sus tierras de la población indígena, afrodescendiente y  campesina.

3. Las legislaciones petrolera, minera y forestal siguen siendo modificadas de una manera cada vez más favorable a los intereses de las compañías multinacionales y más lesivas a quienes han vivido y preservado sus territorios desde tiempos inmemoriales.

4. Los 34 Planes de Salvaguardia Étnica ordenados por la Corte Constitucional en su Auto 004 de 2009 para prevenir la extinción física y cultural de los pueblos indígenas y aceptados por el Gobierno Nacional, aún no han sido ni elaborados ni puestos en marcha.

5. Según señalan informes de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, el Estado no está dando cumplimiento a los  instrumentos jurídicos de carácter internacional ratificados por Colombia, ni a la propia legislación interna en materia de protección y reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas: Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), Convenio 169 de la OIT (1989), Recomendaciones de los Relatores Especiales de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Constitución Politica de 1991 y numerosas leyes al respecto.

CAMPAÑA PALABRA DULCE, AIRE DE VIDA

En marzo de 2010, la ONIC lanzó la campaña "PALABRA DULCE, AIRE DE VIDA, Campaña para la pervivencia de los pueblos indígenas en riesgo de extinción en Colombia" con una gira que recorrió 7 países de Europa, llegando después a Canadá y Washington. En estas giras, dirigentes de la ONIC se reunieron con  parlamentarios, instancias de la Unión Europea, funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos, el Relator Especial James Anaya, ONGs, movimientos sociales, centros académicos y medios de comunicación, con el objetivo de  visibilizar esta situación y construir una red internacional de apoyo.

El Observatorio por los Derechos y la Supervivencia de los Pueblos Indígenas en Colombia apoya esta campaña e invita a todos los visitantes a conocerla y a respaldarla.

FUENTES

ONIC: Campaña “Palabra dulce, aire de vida”. Forjando caminos para la pervivencia de los pueblos indígenas en riesgo de extinción en Colombia, 2010

ONIC: Estado de los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas de Colombia: etnocidio, limpieza étnica y destierro. Informe al Relator Especial de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas, 2009

Corte Constitucional de Colombia: Auto 004 de 2009

Corte Constitucional de Colombia: Auto 382 de 2010